

Licdo. Vístor Collado S.
Lic. Víctor Collado S.
Para hacer una aproximación sobre el estado actual de la dirigencia social se asume como premisas ciertos hechos evidentes.
1- El gobierno se declaró convicto y confeso que en su gestión, tendría a la empresa privada como su visión y misión, y que nadie más le importaría.
2. Que en su plan decisiones se contemplan medidas que se impulsarían, aun si el gobierno se equivocara, no solo porque sus antecesores no las encararon en su momento, sino también (y esto es lo delicado) porque tales acciones estarán orientadas a disminuir el tamaño del Estado y transformar el papel del gobierno en los asuntos nacionales en términos regresivos.
Para darle viabilidad a esas medidas, sin que sea las únicas, el gobierno decidió:
a) sumarse a ciega a la política de Trump y a la derecha en general, para tenerlos como aliados en la ejecución de los planes oficialistas, y
b) controlar, sin recato, al movimiento social, a propósito de minimizarle la beligerancia nacional que había adquirido en los últimos años.
Las dobleces del gobierno ante las políticas de derecha y en especial, con respecto a la USA, no las conoceremos en detalles durante este periodo constitucional, salvo que se hagan públicas por imperativo de hechos punzantes.
Pero las acciones contra el sector social, por el contrario, han sido abiertamente groseras, sin remilgos ni excusas artificiosas, con la pretensión de quebrarles su autonomía.
Sus dirigentes han sido reprimidos, despedidos y arrinconados en los espesos matorrales de los procesos legales (penales, administración y laborales) en cuyos predios predomina la opacidad, la burocracia, la mora y las manipulaciones, a favor del gobierno.
El resultado claro y duro es que el movimiento social no se ha quedado sin cabeza pero ha perdido dirección; no está inactivo pero conserva una movilidad limitada; le falta unidad y coherencia gracias a las filtraciones oficiales que abanican viejas rencillas, patrocinan y toleran aspiraciones económicas y los egos sum estériles, y asoman los recursos legales (y otros no tan legales) para generar alarmas y temores.
Así las cosas, el gobierno se ha procurado una paz tan ficticia como transitoria sin la debida consideración a los vacíos de su poder, alejado y repudiando los consensos que son vitales en cualquiera gestión pública respetable y democrática.
Como efecto de esta situación, los problemas se profundizan y agudizan a niveles insospechados e inciertos ante lo cual el movimiento social tiene el especialísimo encargo de impedir que el costo de las soluciones continúen cargadas sobre las espaldas del pueblo, y, mucho mejor aún, desescalar las diferencias atávicas entre sus líderes como paso inevitable para que se enfilen a la retoma del sendero de la recuperación de derechos y condiciones de vidas decentes, antes que se termine rezagados por omisión.
Si conocemos el problema, entonces ya tenemos la mitad de la solución, según la Ley de Kidlin. Caso contrario, que Dios nos encuentre confesados.














