

Licdo. Vístor Collado S.
LIC. Victor Collado S.
PANORAMICA GENERAL Y NECESARIA
Viendo bien las cosas, los cambios que se han precipitado en la dirección del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, no son extraños y más bien, debieran o podrían contribuir a su consolidación, precipitar una caída abrupta o la paralización irreversible del organismo.
Sin desconocer los antecedentes que le son propios, los sucesos a examinar estallaron en el último semestre de 2025. Y para entenderlos no basta mirarlos (reflejo inmediato de percibirlos) sino el verlos, o sea, transformar en conocimiento lo que miramos y considerar, además, el contexto de esos eventos porque sin esa ponderación se afectaría el entendimiento de lo ocurrido, sus efectos y perspectivas.
De algunos de esos hechos fuimos testigos presenciales por haber tenido una vinculación profesional con el organismo, mientras que a otros, en su transcurrir, se les dió seguimiento desde las graderías, a través de lecturas y de contactos personales con quienes fueron y/o siguen como dirigentes sindicales desde distintas tribunas.
Lo incostrastable es que desde el gobierno RM (2009-2014), luego el del Panameñismo (2014-2019) y hasta llegar al de PRD (2019-2024), el CONATO, con todos sus éxitos y bajadas, no había llegado a pisar tierra en los niveles que corresponden a los primeros 24 meses del gobierno de Mulino.
Descartando cualquier otro rasgo, la ofensiva de JRM contra el movimiento social constituye una muestra inequívoca y contundente del perfil imperial de su gestión ejecutiva. Eso explica que sus embestidas no son un capítulo cerrado y que surgirían o se acentuaran cada vez que se juzguen necesarias para sus fines y objetivos.
Por la calidad y profundidad de lo que se propone, Mulino decidió que necesitaba neutralizar el movimiento social por el modo que fuera y con la agresividad que resultara pareja con las reacciones que generarían sus decisiones. Si lo hace el Presidente, diría Mulino plagiando a R. Nixon, significa que es legal.
Los trabajadores organizados de la construcción le plantearon al gobierno un reto que la psiquis de Mulino no pudo darse el lujo de eludir. Y con ocasión del proyecto de modificaciones a la Seguridad Social se sumaron, entre otros, organizaciones docentes y el sector bananero, pero éste con una militancia a distancia agravada por una descoordinación vital con los grupos en protesta en la capital del país.
Focalizadas las fuentes del conflicto social, Mulino y su mesa redonda, hicieron uso de la fuerza policial y de los resortes legales (MP y Órgano judicial), sin detenerse en las pequeñeces de lo que era legal o no.
Las reacciones del gobierno, sin embargo, no desperdiciaron el aprovecharse de ciertas conductas de los grupos disidentes en tanto que ellas le daban marco de referencia a las medidas represivas oficiales.
En lo referente al sector de la construcción, porque sus protestas se descontrolaban y el cierre de calles, sin desdecir de sus.razones, les alteraban la vida a la comunidad que se considerada ajena a las causas del problema pero receptora de los prejuicios en cuanto a la movilidad ciudadana e inseguridad.
A su dirigencia la llevaron a pleitos legales, para pretextar que la decisión no era política, valiéndose de la opacidad tradicional en el manejo de sus finanzas.
Los docentes, por su lado, venían (y vienen) adoleciendo de una fragmentación congénita a raíz de la cantidad de organizaciones en disputa de liderazgo y poder de convocatoria.
Los grupos de educadores, al asumir una posición cerrada (huelga indefinida hasta la derogación de la 462, sin que tuviesen fuerza para sostenerla en el tiempo), hizo posible y relativamente sencillo, aplicarles las desvinculaciones del sistema porque «sacarlos» de las aulas operaba de inmediato sin que se necesitara esperar los resultados finales de los procesos respectivos.
En ambos escenarios, su denominador común es que los procesos legales, ahora, tienen sus destinos marcados durante el gobierno actual. Para cuando concluya la gestión de Mulino, los desenlaces legales serán tiros que saldrán de cualquier balcón y todos con pronósticos reservados.
Según este imventario, CONATO, como tal, surgió en la agenda del gobierno de menos a mas, entre otros motivos:
1) por la necesidad de contar con un interlocutor político-sindical ante la ausencia provocada de los grupos beligerantes, como hemos visto en los párrafos precedentes.
2) como instancia en la que podía invertírsele menos esfuerzos para minimizarle su militancia y eventualmente, alinearlo con los planes del poder político,
3) por su propia realidad acumulada por el arrastre de un centralismo que debió incidir, en negativo, en la correcta apreciación que debió tener el Colegiado de CONATO con respecto a la realidad polîtica que ocurría en su entorno.
Ese encerramiento facilitó que los rendimientos que buscaba el gobierno para los propósitos de sus planes, coincidieran con la quejas y requerimientos de Sindicatos y Centrales desencantados de CONATO por causas genuinas y otros como enemigos de ocasión. Los intereses de esos organismos sumados a las carencias políticas del gobierno, hizo sugestivo la alternativa de acceder al control de CONATO para beneficio de parte y parte.
El gobierno apostó, en una clásica posición antipuritana, concentrar la mayor cantidad de organizaciones sindicales (Centrales y Federaciones) bajo una sola tolda considerando lo provechoso que resultaría en lugar de reducir los tratos en individualidades.
Ante la consumación de los hechos planeados, en la próxima Opinión Dominical nos acercaremos a los cambios que se sucedieron a lo interno de CONATO.














