Se pide la renuncia inmediata de la Administradora y de todos los miembros de la Junta Directiva de la ACP

«Grave y temeraria actuación de la Administradora y la Junta Directiva»

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Recientemente, fue publicado en la Gaceta Oficial una Resolución en la que la Autoridad del Canal de Panamá le asignaba de motu proprio, al Ministerio de Seguridad una suma de casi trece millones de balboas para que la Instituciones de Seguridad prestaran la labor de seguridad que están obligados a brindar en virtud de la Constitución y La Ley a todo el país sin excepción y para lo cual el presupuesto nacional les asigna una suma superior a los mil millones. Han intentado alevosamente, regenerar una nueva Zona del Canal en la que, La Ley panameña, nuestra Jurisdicción Nacional y la vigencia constitucional nacional no les alcanza, como ocurría antes del 1 de abril de 1982 cuando estaba establecida en el país la Colonia llamada Zona del Canal de ingrata recordación y que fue abolida en virtud de la lucha del pueblo panameño contenida en el tratado del Canal Torrijos-Carter del 7 de septiembre de 1977.

Esta iniciativa inédita, como extraña, absolutamente fuera del marco legal y constitucional, expone que, la nueva Administradora de la ACP y su Junta Directiva, no solo asignan recursos fuera de sus competencias, sin fundamento legal alguno, sino que además, establecen que esos recursos asignados, en el ejercicio de su gasto, se exceptúan de los controles y la transparencia que, deben revestir todos los gastos del tesoro público, asimismo éstos, estarán sometidos a un régimen alquimio, es decir, secreto, en el que el pueblo y los ciudadanos, no podrán tener acceso a saber en qué y como se gasta el dinero público proveniente de la empresa de todos los panameños, el Canal de Panamá, mismo que representa un amplio portillo para el inicio de un gran torrente de corrupción, porque todo poder que no esté sujeto a control, se excederá, al decir de Karl Loewenstein.

Dada la gravedad y la temeridad de semejante actuación, tanto la Administradora como los miembros de la Junta Directiva, con dicha acción; permitieron que la arbitrariedad y la corrupción destruyan la tradición de la administración del Canal como una entidad que no debe manejarse de conformidad con influencia política del gobierno de turno, ni presiones externas, es decir la politización de esta entidad de todos los panameños, es por lo que, dada su cohonestación, deben poner todos, desde la administradora, y toda la junta Directiva sus puestos a disposición al haber transgredido abiertamente el orden legal debidamente establecido y favorecer un tipo de peculado que afecta sensiblemente a las arcas públicas y se alienta con ello, la corrupción que le ha hecho tanto daño al país.

Si existe alguna presión de algún país extranjero interesado en tener control militar de nuestro Canal, nuestros funcionarios jamás deben prestarse para disminuir en su dignidad y soberanía a la patria de los panameños, porque ello representa una clara traición a la patria que está penalizada en nuestro Código Penal vigente.

Así de sencilla es la cosa!