Panamá y la Justicia selectiva
Victoriano Rodríguez Santos
El sistema judicial de Panamá enfrenta un momento crucial de evaluación respecto a su capacidad para garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, porque a unos si y a otros no.
El debate ha cobrado fuerza tras el caso del dirigente sindical Jaime Caballero, cuya situación procesal cuestiona los límites del poder estatal frente a figuras sociales o políticas incómodas.
El Movimiento de Unidad Nacional por Panamá (MUNAPP) respalda públicamente a Caballero, así como a cualquier otro dirigente detenido, perseguido o seguido y así lo dejó patentizado en el comunicado de 2 de noviembre.
La población exige una revisión judicial efectiva de sus medidas restrictivas de libertad. El MUNAPP enfatiza que la privación cautelar debe responder a razones justificadas y proporcionales. No puede convertirse en una herramienta de castigo anticipado o neutralización de dirigentes.
La Constitución panameña y los tratados internacionales exigen que toda persona sea considerada inocente hasta que exista una sentencia firme.
En este sentido, resulta legítimo cuestionar si las decisiones que afectan a Caballero cuentan con la motivación jurídica necesaria y si se evaluaron alternativas legales menos severas antes de privarlo de su libertad.
Una tutela judicial efectiva requiere que los tribunales escuchen y respondan con argumentos sólidos a todas las partes involucradas. La falta de análisis y transparencia en las resoluciones debilita la confianza institucional.
La independencia de los jueces no los exime de la crítica jurídica y constructiva dentro de una sociedad democrática.
Ser líder sindical no otorga inmunidad ante la ley, pero tampoco debe ser motivo de discriminación, persecución o interferencia política. La historia de Panamá está ligada a las luchas laborales legítimas. El Estado tiene la obligación estricta de proteger el derecho de asociación y la libre expresión sin temor a represalias.
En conclusión, la defensa de las garantías constitucionales de Jaime Caballero trasciende su individualidad; representa la protección de las libertades de toda la sociedad, porque la libertad es un derecho, no una concesión del poder.
Si las garantías de un ciudadano se debilitan hoy, el Estado de derecho de todos queda expuesto. La justicia debe inspirar confianza, no ser un instrumento de intimidación. Soy el hijo de Juana. Dios te salve, Panamá.
Economista, educador, máster en Recursos Humanos.
