• La estrategia de llevar a cabo la mayor cantidad de licitaciones

• ¿Más licitaciones más coima: gobiernos en modo Martinelli?

• ¿Quiénes se aprovecharon de esta danza de millones?

Cuando se habla de 856.6 millones de balboas, esa no es cualquier cifra. Con ese dinero es de entenderse, que bien invertido y administrado, puede resolver de raíz, cualquier problema, por más grande que sea. Y es que a esa cifra asciende tan solo, las licitaciones de cinco proyectos conocidos como 5G en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) que viene desde los tiempos de Juan Carlos Varela Rodríguez.

El IDAAN, sigue siendo una entidad vital para la sociedad panameña; no obstante, a lo largo de su historia se han marcado capítulos que, de manera inexorable, han dejado una estela de malos manejos, negociados, desgreños administrativos, corruptelas y amañados procesos tendientes a favorecer a empresas suplidoras de bienes y servicios requeridos por esta institución, que nada tiene que ver con el aspecto técnico de los ingenieros que por allí han pasado.

Desde su fundación en 1961, lo que no menciona ningún presidente, es que la dinámica administrativa del IDAAN, siempre fue favorecer a familias agregadas al poder de turno. Desde entonces hasta hoy, todo se resume a quién le corresponde ahora, proveer materiales, insumos, servicios y demás; incluyendo obras de infraestructuras como la construcción de potabilizadoras, el soterramiento de alcantarillados y la instalación de tuberías entre otros.

Por estas y otras muchas razones, es compresible que esta institución nunca, a lo largo de sus 65 años, haya tenido una percepción pública de eficiencia, porque precisamente para los intereses que se mueven a la sombra del poder, todo es válido, menos su funcionamiento óptimo, porque si alguien la vuelve eficiente, se acaba el negocio y esa es una decisión política que lejos está de ser tomada por los ingenieros.

Eso resume el hecho de que hacer las cosas bien resulta o al menos, esa buena intención administrativa es inapropiada y chocante contra dichos intereses de las familias y amigos de turnos consorciados en estos millonarios proyectos referente a esos 5 G y otros, que, por tanto, posiblemente, provocaron la reciente renuncia de Rutilio Villarreal. Cabe decir que Rutilio sí es ingeniero. ¡Mucha presión!

Importe es recordar que tiempos después de la invasión y bajo el criterio del deterioro controlado, argumentando el supuesto factor de la ley de caducidad (leyes de mercado impuestas post- invasión… de tiempo corto y deterioro rápido), en el apogeo de las privatizaciones se llevó a esa posibilidad la discusión el IDAAN (periodo 1994-1999-E. Pérez Balladares). Pero se dieron cuenta que no era negocio privatizar esta institución y que resultaba mejor, tercerizar ciertos servicios, sobre todo, los que podían generar negocios rentables fáciles (2009-2014- R. Martinelli B.).

Lo cierto es que, durante estas últimas cuatro décadas, todo lo han ido empeorando en esta institución. Es una especie de terapia de shock que no mata, pero la mantienen viva sufriendo y este padecimiento terapéutico con calmantes, sobre todo, en los últimos 25 años, en la situación administrativa del IDAAN, hoy, ha escalado a niveles alarmantes y no han sido los ingenieros, sino los tomadores de decisiones desde la presidencia.

En la actualidad, este asunto ya no solo queda en el ámbito de los negociados que históricamente se han dado y prosiguen. En este sentido lo que, sí, ha venido escalando y sigue incrementándose, son el sinnúmero de licitaciones, que vistas como tal y para resolver necesidades, están muy bien, pero no con los sobrecostos multimillonarios que se volvió costumbre en la administración Martinelli y que, desde entonces, siguen el mismo camino.

Ese supuesto equilibrio contractual no es más que sobrecostos. Por ejemplo, el Proyecto 5 G, ya mencionado desde los tiempos de Varela, que se refiere a la construcción de cinco obras, tenía que pasar por el tamiz del escrutinio público, y en esencia, no hubo la debida consulta pública y mucho menos la explicación de tales costos súper millonarios.

Y no es que ahora, le estemos buscando la quinta pata al gato. Pero es que tan solo con la nueva planta potabilizadora de Howard que incluye, como la mayoría de proyectos, el estudio, diseño, construcción y suministros, el monto se elevó a unos 211.8 millones de balboas; con respecto a dicha obra el consorcio Acciona Panamá Oeste tiene la ejecución. ¿Quiénes conforman esta sociedad empresarial? Una buena pregunta.

Este proyecto 5 G, también incluyó la planta potabilizadora Sabanitas 2, en la provincia de Colón por un monto de 107.85 millones de balboas adjudicada también al consorcio Acciona Panamá.

Igualmente, está en proceso la potabilizadora Gamboa por un monto de 240 millones sobre estudio, diseño y construcción de la obra adjudicada a TEDAGUA. Otro proyecto es la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de David, provincia de Chiriquí que asciende a 297 millones, que ganó el consorcio Agua de David, conformado por las empresas Pentech y Suárez.

Según expertos consultados, de la suma global que asciende a esos 856.6 millones de balboas, hay un sobre costo que se eleva a más a unos 140 millones y es en ese punto, donde salta la liebre. En este instituto de ninguna forma vale su autonomía ni la intención de que alguien se le ocurra, como director, hacer las cosas bien. La misma fuente nos informaba del control que se tiene sobre esta institución desde el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Secretaría de Metas que según expresaba: “tienen ahogada a la administración del IDAAN”. Y la pregunta es ¿Qué papel juegan los ingenieros en la toma de esas decisiones? Pues, nada.

El experto nos decía que la causa de la raíz de los problemas en esta institución no está en la producción del vital líquido, sino en la red de distribución causante del enorme desperdicio de agua lista para el consumo humano. Esta pérdida no es cuantificada y es permanente. Resolver este problema permitiría dar suficiente agua a todos.

El pueblo ha sido engañado muchas veces. La promesa de brindarle agua a cada panameño, se ha convertido en promesas permanentes de campañas electorales. En tanto, parece que la realidad, cada día, nos conduce más que otra cosa, al criterio emitido por una insigne dama de respetada familia quien expresó que “si quieren agua que vayan al río”.

Nuestra fuente también expresó que en el presente periodo gubernamental se concluyó en que el tema del IDAAN era identificado como un asunto exclusivamente técnico y que, por tanto, en ese sentido, se tomaría la experiencia de Rutilio Villarreal y ello, lo llevó a dirigir la institución. Al final, el tema técnico quedó de lado y la intención ingenua de este director saliente, resultó imposible llevarla a cabo para resolver el problema, claro está, sin el apoyo necesario del gobierno central, ya resultaba imposible. Y en eso nada tienen que ver los ingenieros.

Todos los gobiernos saben que solucionar los problemas del IDAAN, requiere del consistente apoyo gubernamental. En este caso reciente, se prefirió matar al mensajero sin atacar la fuente del problema estructural que solo puede ser resuelto por el Órgano Ejecutivo, poniendo orden, entre muchas cosas, en una estructura tarifaria ordenada, en acabar con el negociado que siempre hay en materia de mantenimiento, compra de materiales, bienes, servicios y, sobre todo, en el suministro que es donde se evidencia la crisis en diversos puntos del país.

Sobre este último punto (suministro), es necesario decir, que en esta institución se prefiere aún, seguir manteniendo las deficiencias estructurales tan solo por proteger los millonarios contratos de distribución de agua, por vía de vehículos cisternas que no garantizaban agua lo suficientemente prístina, más bien contaminada y con ello, la posibilidad de enfermedades de la población vulnerable, sobre todo, del área este del país.

También nos apuntó la fuente que en este instituto se mantienen enquistadas verdaderas mafias que hacen además de los señalados, negocios en el suministro de los químicos, sistemas micros de medidores residenciales o domiciliarios; incluso, empresas directamente protegidas por el Banco Interamericano de Desarrollo  como es el caso de Aguas de Barcelona (AGBAR)  encargada de una consultoría valorada en 250 millones en el periodo anterior cuyo director fue Juan Antonio Ducruet, que parece que solo sirvió para que le dijera al IDAAN que el “agua moja” y nadie dice nada. ¿Los Ingenieros?

En concreto, también la presencia de otras entidades estatales con funcionarios y familiares empresariales amarrados que, por razones de negocios, coadministran el IDAAN. O sea, que nada a cambiado y ahora es peor. Eso ha sido en gran medida, el resultado de las privatizaciones, en las que nada tienen que ver los ingenieros.

Todo lo expresado es al fin y al cabo lo que trae consigo las suficientes dudas razonables que imponen cuestionamientos como, quiénes integran todos estos consorcios y, además, surgen preguntas de si las licitaciones cumplieron con todos los prerrequisitos exigidos en las normas en materia de contrataciones públicas, al momento de que resulta evidente la magnitud estratosférica de los precios en tan solo cinco proyectos que muy bien evidencian sobrecostos multi millonarios, como explica la fuente. Sobre eso no se dice nada y es un asunto que nada tiene que ver con los ingenieros.

Para el conocimiento general, Panamá no debiera tener problemas de agua. Nuestros recursos hídricos representan una de las mayores fortalezas del país. Estamos hablando de unos 526 ríos repartidos en ambas vertientes, de los cuales 165 desembocan en el Caribe y 339 en el pacífico, estas cantidades incluyen los ríos tributarios. Panamá tiene grandes lagos, es bañada por dos mares y su estrechez geográfica permitió la construcción del Canal de Panamá, iniciado por los franceses, terminado por los estadounidenses y ensanchado por los panameños. El país tiene una reserva de agua potable aproximada de 148KM3, lo que lo ubica en la posición número 47 a nivel mundial.

El río Chagres con el lago Gatún son las principales fuentes abastecedoras de agua para la población de la capital a través principalmente del IDAAN cuya responsabilidad es impuesta por la Ley 98 del 29 de diciembre de 1961 que lo creó. Además, se genera electricidad y también el agua que utiliza el Canal de Panamá en la actividad de tránsito de barcos.

Durante 65 años el IDAAN ha tenido que enfrentar grandes cambios, expansiones y desarrollo de nuevas infraestructuras como las plantas potabilizadoras, en eso si han trabajado los ingenieros. Esta noble institución se ha visto en medio de tercerizaciones de servicios que prometían una mayor eficiencia, intenciones de privatizaciones, reingenierías que más bien encubrían despedidos y en el camino, la institución ha necesitado de inversiones que le ha permitido enfrentar grandes desafíos en materia de recursos hídricos.

De todo lo descrito no cabe duda que muy a pesar todo, el IDAAN ha demostrado, ante tantas adversidades, su compromiso con el bienestar social y la salud pública del pueblo panameño que en gran medida también ha sido vigilante y no ha permitido que esta noble institución también fuera absorbida por el gran agujero negro de la privatización.

Sin embargo, cuando vemos estos exorbitantes costos en los proyectos antes mencionados, nos hace pensar en la terrible consigna que incluso se popularizó y que de manera rastrera imperaba en la vulgar expresión: “ROBÓ, PERO HIZO”, lo que en realidad es vergonzoso. Por tanto, es un deber que se rindan cuentas para acabar con la corrupción que también pone en peligro la existencia misma del IDAAN. Este escrito es un aporte en ese camino.

Por último, además de los sobrecostos, también preocupa quien pueda administrar bien el IDAAN, que, según la fuente, a quien acaban de poner, la única referencia que tiene sobre este tema, es mojar en el culeco carnavalero desde un carro cisterna en Calle Abajo de Las Tablas. Sería importante saber que va a hacer para solucionar los problemas que provoca el arco seco. Al final, hay que darle el beneficio de la duda para que resuelva los grandes problemas del IDAAN y la única forma es echar el chingo al agua, aunque se moje la canoa.

 Víctor Luna Barahona y Lucy Molinar apadrinan esta agresión y asalto a la buena fé de la comunidad universitaria de la UMIP y protegen a los autores de estos actos impropios que enarbolan el estandarte de la deshonestidad.

En otro caso de carencia de idoneidad académica, documentos oficiales de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) confirman que el título propio emitido en el extranjero de “Máster en Negocio y Derecho Marítimo”, utilizado por el Vicerrector Académico de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) como sustento de su cargo, no ha sido sometido al procedimiento obligatorio de evaluación y reconocimiento en la República de Panamá, requisito indispensable para su validez jurídica y académica dentro del sistema de educación superior.

Panamá, 11 de mayo de 2026. Certificaciones oficiales emitidas por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) establecen de forma expresa, clara y categórica que no existe registro de solicitud, trámite, evaluación ni procedimiento alguno relacionado con el reconocimiento del título propio denominado “Máster en Negocio y Derecho Marítimo”, atribuido al Vicerrector Académico de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Roberto Aparicio Alvear, como sustento de su cargo.

No obstante lo anterior, el referido “Máster en Negocio y Derecho Marítimo”, expedido por la Universidad Pontificia Comillas (España) y que se constituye en un título propio, condición actualmente objeto de fiscalización por parte de universidades oficiales del Estado, así como bajo investigación de instancias del Ministerio Público en el marco de investigaciones relacionadas con la utilización de credenciales académicas extranjeras no reconocidas y no validas, ha sido utilizado desde el año 2024 por el señor Aparicio Alvear como sustento de idoneidad académica para el ejercicio del cargo de Vicerrector Académico y para el desempeño de funciones docentes dentro de la UMIP.

Dicha utilización, conforme a los elementos documentales y certificaciones oficiales emitidas por la CTDA, se ha producido sin que exista constancia de ingreso del referido título al procedimiento legal obligatorio de reconocimiento académico en la República de Panamá para títulos obtenidos en el extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá, disposición desarrollada por el numeral 35 del artículo 4 y el artículo 43 de la Ley No. 52 de 26 de junio de 2015, normativa que regula el procedimiento de homologación, reválida y reconocimiento de títulos académicos extranjeros. En consecuencia, dicha situación compromete la validez jurídica del referido título como credencial de idoneidad académica para el ejercicio de funciones públicas, incluyendo la docencia universitaria y el desempeño de cargos de alta dirección dentro del sistema de educación superior estatal.

Las notas oficiales CTDA-SEC-0157-2026, de 4 de marzo de 2026, suscrita por el doctor Eduardo Flores Castro, Presidente de la CTDA y Rector de la Universidad de Panamá, y CTDA-SEC-0070-2026, de 28 de enero de 2026, firmada por la doctora Myrna McLaughlin, Secretaria Técnica de la CTDA, certifican de manera contundente que, tras la verificación en la base de datos institucional, no existe solicitud, de trámite o evaluación, con fines de homologación, reválida ni procedimiento alguno vinculado al referido título extranjero.

Esta constatación administrativa implica que el referido título propio no ha sido sometido al circuito institucional de evaluación, reconocimiento o reválida exigido por el ordenamiento jurídico panameño, condición indispensable para que una credencial académica extranjera pueda producir efectos legales dentro de la función pública en general, incluyendo nombramientos, ascensos y demás actos administrativos.

La situación irregular descrita se ha producido bajo la anuencia del Rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, y de algunos miembros del Consejo Superior, instancia presidida por la Ministra de Educación, Lucy Molinar, a quienes —según consta en comunicaciones previamente remitidas— se les ha informado en reiteradas ocasiones sobre el incumplimiento del requisito de reconocimiento del referido título, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas administrativas orientadas a verificar, corregir o esclarecer de manera formal la situación académica del funcionario señalado, manteniéndose el uso del mismo como sustento de su cargo dentro de la estructura universitaria.

Por el contrario, el señor Luna Barahona ha emitido manifestaciones institucionales en las que se afirma el cumplimiento del requisito académico por parte del señor Roberto Aparicio Alvear, sin que dichas aseveraciones se encuentren respaldadas por acto administrativo, resolución, diploma o certificación emitida por universidad oficial del Estado panameño que acredite el reconocimiento, homologación o reválida del referido título, ni se indiquen elementos esenciales de trazabilidad como número de diploma o resolución, fecha de emisión, o autoridad universitaria emisora, lo cual contrasta directamente con las certificaciones oficiales emitidas por la CTDA, que establecen la inexistencia de solicitud, trámite o procedimiento alguno de reconocimiento del referido título dentro del sistema de evaluación académica del Estado panameño.

En este contexto, la situación relacionada con la utilización de títulos extranjeros no reconocidos o denominados “títulos propios” ha adquirido especial relevancia nacional, al encontrarse bajo revisión, fiscalización e investigación por parte de universidades oficiales del Estado como la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), así como bajo conocimiento de instancias del Ministerio Público, en el marco de procesos orientados a determinar su utilización irregular en nombramientos, ascensos y cargos de alta jerarquía en instituciones públicas de educación superior.

Frente a estos hechos, los denunciantes han anunciado la presentación de nuevas acciones administrativas ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), así como denuncias formales ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue la eventual utilización de credenciales académicas sin reconocimiento oficial como sustento de cargos públicos universitarios.

De acuerdo con el marco constitucional vigente, el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que, para que los títulos obtenidos en el extranjero tengan validez jurídica en la República de Panamá, deben ser sometidos al procedimiento de reconocimiento correspondiente, en cumplimiento de la ley. Esta disposición es desarrollada por el numeral 35 del artículo 4 y el artículo 43 de la Ley No. 52 de 26 de junio de 2015, normativa que regula el procedimiento de homologación y reválida de títulos académicos emitidos en el extranjero dentro del sistema jurídico panameño.

Dicho marco legal establece que el reconocimiento de títulos extranjeros inicia necesariamente con la evaluación técnica ante la CTDA, instancia encargada de determinar la universidad oficial del Estado competente para conocer el trámite correspondiente, condición indispensable para que dichos títulos puedan producir efectos jurídicos dentro del sistema educativo panameño.

En el presente caso, la certificación de la CTDA acredita que dicho paso previo obligatorio no se ha realizado, lo que significa que el título no ha sido sometido al circuito institucional de validación académica exigido por la legislación panameña.

A este conjunto de documentos se suma la Certificación DSG-2131-2025 emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, la cual deja constancia de la inexistencia de reconocimiento, homologación o reválida del referido título en esa universidad oficial del Estado.

Asimismo, el existe un Informe CTDA-PRES-001-2025 que establece de manera expresa que los denominados “títulos propios” no son susceptibles de reconocimiento en la República de Panamá, y que los títulos extranjeros no reconocidos carecen de validez jurídica para producir efectos en la Administración Pública, incluyendo nombramientos, ascensos, acreditaciones, puntajes y ejercicio de funciones docentes o administrativas.

En el caso del título del señor Roberto Aparicio Alvear, la ausencia de registro de solicitud, trámite o reconocimiento ante la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), aunada a la inexistencia de acto de reconocimiento, homologación o reválida por parte de la Universidad de Panamá, conforma un cuerpo documental oficial coherente que acredita que el título de “Máster en Negocio y Derecho Marítimo” no cuenta con reconocimiento académico dentro del sistema estatal panameño, careciendo por tanto de eficacia jurídica para producir efectos dentro del ordenamiento de la educación superior pública, al tratarse de un título propio obtenido en el extranjero.

De igual forma, en atención a las recientes declaraciones públicas de la Ministra de Educación, en las que ha señalado de manera categórica que no se hará la vista gorda frente al uso de títulos no válidos, no reconocidos o falsos dentro del sistema educativo nacional para nombramientos y ascensos, resulta pertinente recordar que dentro de dicha categoría también se encuentran aquellos títulos que, conforme al ordenamiento jurídico panameño, no han sido sometidos al procedimiento de reconocimiento, homologación o reválida, o que no son susceptibles de reconocimiento por su propia naturaleza jurídica, como ocurre con los denominados títulos propios. En ese contexto, y en su condición de Presidenta del Consejo Superior de la UMIP, se hace un llamado a que ejerza las facultades de control y supervisión que le corresponden, a fin de que se garantice el estricto cumplimiento del marco constitucional y legal aplicable en materia de idoneidad académica dentro de dicha casa de estudios superiores.

Lo anterior adquiere especial relevancia en atención no solo a la situación vinculada al reconocimiento del título utilizado por el señor Roberto Aparicio Alvear, sino también a la verificación del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para el ejercicio del cargo de Rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, respecto del cual se ha señalado la existencia de cuestionamientos sobre la idoneidad del título de maestría requerido para dicho cargo, materia que igualmente debe ser objeto de revisión conforme a los principios de legalidad, transparencia y control del sistema de educación superior.

En consecuencia, se solicita la intervención de las autoridades del Consejo Superior y del Ministerio de Educación, en su condición de ente rector del sistema educativo, a fin de que, en el marco de sus competencias legales y a la luz de las propias declaraciones de su titular, se adopten las medidas administrativas e institucionales necesarias para garantizar la correcta aplicación del régimen de reconocimiento de títulos y la observancia estricta de los requisitos académicos en la UMIP.

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Mulino juró la constitución el 1 de julio de 2024, año, 4 meses y 17 días atrás, en aquella ocasión de su boca salió “Juro a Dios y a la patria, cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de la república”.

La mentira, desde ese momento, se levantó erguida en ese pecho. Dijo que el “Chen Chen” vendría con toda seguridad, desde hace más de 16 meses y lejos de venir, porque fue sola una tamaña mentira, como una bomba de relojería para casar bobos, puesto que a realidad de la situación económica se ha recrudecido para vastos sectores del país, especialmente los más desventurados.

“La cosa está mal, pero pinta bien”, acotó en aquel momento como si se tratara d un asunto gracioso, que las palabras enredadas pudieran encubrirlo.

Proclamó la unidad nacional y generó esperanza en ese momento, como si hubiese tenido el sentido sensato del momento histórico que la imponía, solo para momentos después, proclamar que su gobierno, no solo estaba constituido de empresarios, sino que, el esfuerzo de gobierno estaría centrado a gobernar para la clase empresarial y “para más nadie”.

Cuando el país fue atacado en su integridad y dignidad por el gobierno de Trump que, amenazó con apropiarse del Canal de Panamá y no pagar por el cruce de sus naves, el gobierno prefirió abordar el tema bilateralmente, dijo el presidente que, no quería compañeros de camino en un tema tan delicado y sensible, mientras que prefirió entregar vergonzosamente la soberanía nacional, al firmar un memorando de entendimiento que viola la Constitución Política que Juró respetar, además, de que viola el Tratado de Neutralidad del Canal en su artículo Quinto y hoy Estados Unidos de Norteamérica, utiliza el Territorio Nacional panameño, como rampa de lanzamiento de operaciones intervencionistas en el Continente latinoamericano, violando las normas del derecho internacional en lo que constituye una imposición de una guerra a América Latina entera, en una zona desnuclearizada y que no puede darse el lujo de conflictos armados, ni mucho menos los merece.

Estados Unidos de Norteamérica desde hace dos siglos ha intervenido abiertamente, tanto política como militarmente en América Latina y en Panamá, desde el incidente de la Tajada de Sandía en abril de 1856, en la separación de Panamá de Colombia en 1903, en octubre de 1925, en enero de 1964 y la criminal invasión del 20 de diciembre de 1989, hace 37 años, y en América Latina a lo largo de la historia, la situación no es distinta a la panameña, por lo cual  ha habido numerosas intervenciones y apoyo dictaduras o violentos golpes de estado, para satisfacer su interés nacional y sus propios fines económicos y geopolíticos en lugar de un compromiso con la democracia. Queda Claro que Estados Unidos de Norteamérica nunca ha estado comprometido con la verdadera democracia de América Latina y su discurso es abiertamente hipócrita y estrictamente instrumental.

Sin embargo, el Gobierno Nacional y los que le han antecedido, han tenido una conducta absolutamente entreguista y vergonzosamente genuflexa, lo que le ha permitido a Estados Unidos el sometimiento de nuestra soberanía, reconvertirnos en su “patio trasero” y hacernos parte de la confrontación contra China y base de operación contra nuestros propios hermanos latinoamericanos.

El fondo real del enfoque y la materialización de la satanización de China no es gratuito, porque Estados Unidos de Norteamérica busca bloquear a China  e intenta meterle una zancadilla a la potencia emergente que, no solo tiene un gran empuje, sino que su economía se basa en una producción real, con un sustento en su moneda cubierta por oro, con un desarrollo tecnológico impresionante, alcanzado en solo 70 años, con un crecimiento económico que hace partícipe de este, a millones de chinos que, han salido de la pobreza para ser parte del desarrollo e incluso para garantizar un mercado interno de consumo, capaz de hacer andar su propia economía, aun cuando el mercado norteamericano se cerrara en su totalidad a los productos chinos.

Por cuatro décadas enteras, Estados Unidos propugnó e impuso la globalización de la economía, pero cuando llegó Trump al poder por primera vez en el 2016, declaró una guerra abierta a la globalización y generó desde entonces un proteccionismo, nunca antes visto en la comunidad internacional, como un modo de atajar y ganar terreno frente a la impronta del rápido desarrollo de China. Ahora en su segundo mandato, ha implementado todo tipo de mecanismos, pero todos han fracasado. Es decir, si me vas ganando el juego, me salgo del partido y declaro que se acabó el juego y sin resultado, por ello impone aranceles que hacen imposible el intercambio comercial; eso le garantiza, supuestamente, no tener que aceptar la victoria del competidor. El problema para los cálculos de Estados Unidos es que, China no es una amenaza tradicional contra el capitalismo, por tanto, es difícil encuadrarla en una lucha ideológica tradicional antípoda; aunque intentan meterle miedo al mundo y especialmente a América Latina con el hecho de que se trata de un enfrentamiento contra el «peligroso» partido comunista de China. Es más, China es el único país donde ese sistema económico (el capitalismo) ha tenido un éxito impresionante, porque lejos de concentrar la riqueza en pocas manos, ese capitalismo ha sacado de la pobreza a cerca de 800 millones de chinos en 40 años. En todos los demás sitios, se produjo una concentración de la riqueza en pocas manos y se generalizó y se multiplicó la pobreza en forma escandalosa, especialmente en los países productores de materias primas con muy poco desarrollo tecnológico e industrial.

Sin embargo, en los laboratorios de guerra del Pentágono, el Consejo Nacional de Seguridad, La Agencia Nacional de Seguridad, La Agencia Central de Inteligencia y la Inteligencia del Ejército Norteamericano, desde hace bastante tiempo, se ha venido procurando resolver una estrategia para atajar a China y con Trump, acordaron desarrollar la guerra comercial y, en el plano de América Latina, lograr forzar un alineamiento de una buena parte de los países y gobiernos para impedir en lo inmediato el avance de la estrategia China concentrada en el desarrollo de la Ruta de la Seda y en ese camino logró que el gobierno actual de Panamá, es decir Mulino, abdicara nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía y fuimos contracorriente, arrastrados a la guerra geopolítica de USA y nos convertimos, a pesar de nuestro propio interés nacional, en el primer país que se desvinculó de la ruta de seda, trayendo para el país una ruptura de una relación que traía amplios beneficios al país, solo para mostrar entreguismo rastrero al gobierno de Trump.

Esa guerra comercial arancelaria ha afectado significativamente la economía panameña, por vía de la disminución de la carga que, desde China, viaja por el Canal de Panamá para la Costa Este de Estados Unidos y tan solo recientemente en la última reunión de Xi Y Trump, han restablecido sus vínculos económicos, pero hay daños colaterales que difícilmente se pueden recuperar en lo inmediato. Hay que recordar que, es la mercancía de China la que aún hace significativa la actividad de la Zona Libre de Colón, pero el gobierno panameño parece desconocer esa dramática realidad y con su postura lo único que hace es agravar nuestra realidad económica. También es una realidad inobjetable que la mayoría de los barcos que atraviesan el Canal de Panamá, son construidos en China o transportan mercancía desde o hacia China. Todo esto en abierta contravención con el Artículo 315 de nuestra Constitución Política.

Las presiones políticas del Gobierno norteamericano hacia Panamá, prácticamente, han congelado las relaciones diplomáticas de China y Panamá, a tal punto que el proyecto para construir la línea de trenes de alta velocidad de carga y pasajeros a Chiriquí ha quedado solo en el estudio preliminar realizado desde hace siete años.

No obstante, la experiencia de Omar Torrijos que, en nuestra lucha de liberación nacional y la recuperación del Canal, no pidió permiso a Estados Unidos para restablecer relaciones con Cuba, con Jozip Broz Tito, Muamar Kadafi y muchos líderes y gobiernos del mundo, incluyendo el respaldo claro que China nos brindó desde los hechos de enero de 1964, y que se hizo patente cuando, se realizó en Panamá en 1973, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, para ventilar el caso de Panamá y su reclamación por la soberanía nacional y la devolución de nuestro Canal, dolorosamente, no es exactamente los principios por donde transita actualmente nuestra política exterior, misma que es casi inexistente y camina de espaldas a nuestro interés nacional.

Hay quienes atizan el fuego para que la guerra que, ya no es fría, la que desarrolla Estados Unidos contra China, adquiera una temperatura de ebullición y explote, pero a la luz de nuestros más caros intereses estratégicos nacionales, a los panameños nos conviene un mundo en paz y que el intercambio comercial aumente y la confianza internacional sea restablecida, independientemente de los sistemas políticos que cada pueblo quiera darse, como es el derecho natural de cada quien, recogido en las normas del derecho internacional.

Desde el 2 de septiembre pasado, el Ejército de USA movilizó hacia el Caribe una gran fuerza militar naval y área, recientemente ha incorporado el USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones más grande y moderno de la Armada de los Estados Unidos, que completa una formación cuyo objetivo es amenazar a Venezuela, a Colombia y al resto del continente, con una guerra que busca, no enfrentar al narcotráfico, el cual resulta en un mero pretexto propagandístico, sino apropiarse de los recursos naturales de esos países, como las vastas reservas de petróleo, oro, tierras raras y otros en lo que representa un auténtico plan de despojo encubierto por una supuesta guerra contra el narcotráfico, y para ello recurren también al control hegemónico de todo nuestro continente al cual denominan “su traspatio”, hecho que el Comando Sur del Ejército de USA, lo declaró hace cinco años atrás por boca de su jefa en ese momento, la General Laura Richardson.

Estas operaciones contra lanchas de poca envergadura, y las que ya llevan más de 80 víctimas en lo que han sido abiertas «ejecuciones extrajudiciales» reconocidas por diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, al realizarse sin juicios, sin supervisión judicial y fuera de cualquier mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Todos estos hechos retratan la dramática realidad que nos circunda y el marco en que el gobierno de Mulino pretende imponer por encima de la Ley y la Constitución, la operación de la Minera Cobre Panamá, subsidiaria de la First Quantum Minerals Ltd. de la cual Black Rock, empresa respaldada por Trump, pretende apropiarse del Oro, el Cobre, y otros minerales de alto valor económico de Panamá y para lograr su propósito, no le importa destruir una zona lo suficientemente sensible que impactará negativamente a todo el país, especialmente a las futuras generaciones.

¡Así de sencilla es la cosa!

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Recientemente, un grupo de empresarios cohonestadores de la corrupción han halado la cuerda mentirosa de la seguridad jurídica a los efectos de proteger a los avivatos de la empresa Kansas City, que maquino toda clase de movidas y chanchullos, para que el pasado gobierno le otorgara, sin tener derecho ello, una extensión automática de la concesión sobre el ferrocarril de Panamá, misma que, es ostensiblemente leonina y dañosa a los intereses del país, y además huérfana de todo derecho y de amparo jurídico.

El Estado panameño, en la concesión que por 25 años explotó la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC, tuvo ganancias por más de 3,500 millones de dólares en ese periodo, mientras que Panamá no llegó a recibir, en ese periodo, la suma de 50 millones de balboas, lo que representa 1.75 % de las ganancias y a ello hay que restarle 40 millones que Panamá tuvo que indemnizar a la empresa por un traslape, además, de que el estado Panameño tuvo que pagar cerca de 35 millones de dólares en alquiler de instalaciones a la empresa, lo cual hace un total de egresos del estado de más 75 millones, que cuando restamos los ingresos quedamos en pérdidas por más de 25 millones en 25 años, es decir perdimos un millón de balboas por años. Si a ello restamos el valor del dinero presente de lo que tuvimos que pagar y la taza de inflación que, aunque baja, también cuenta, la suma de pérdida del estado en esta transacción de prorrogar el contrato, en los mismos términos que el contrato de concesión leonino anterior, representa una exposición criminal de los intereses del país en favor de una empresa tracalera que viola el sentido más elemental de justicia con el país que es propietario de los bienes del Ferrocarril.

De conformidad con el contrato anterior, la empresa tenía la obligación de traspasar a Panamá todas las instalaciones y el equipo que utilizó y por lo cual pudo hacer el negocio para su propio beneficio. Sin embargo, en una maniobra mafiosa, se apropia de los bienes de la república de Panamá y los vende a una empresa canadiense, como si fueran de su propiedad y vende también la concesión que en forma ilegal, y arbitraria, es decir, contra la ley, se le extendió a la anterior empresa concesionaria por parte de autoridades que, en ese momento traicionaron los intereses nacionales de forma cruel, por lo que son autores de acciones que transgreden el código penal patrio.

En el año 1981, hace 44 años, dirigí una brigada de la Federación de Estudiantes de Panamá, que hicimos un recorrido por la línea del Ferrocarril y cruzamos de la ciudad de Panamá hasta Colón. En ese proyecto hicimos un campamento en Frijoles, varios kilómetros al norte de Gamboa y donde llegaban muchos científicos que desarrollaban estudios científicos en la isla de Barro Colorado. Allí, en ese lugar, vivía un obrero del Canal que era patriota, es decir, de los nuestros. El propósito de esa jornada era un reconocimiento de toda la línea férrea en el objetivo de prepararnos para que Estados Unidos de Norteamérica, cumpliera al pie de la letra con lo que se había firmado en los tratados del Canal de 1977 y, además, por el valor histórico del ferrocarril en la vida de Panamá que fue la primera vía férrea que unía los dos grandes océanos, desde 1855.

En el año 1998 el ferrocarril de Panamá se le concesionó a la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC. En ese contrato extremadamente leonino que, ya cumplió 25 años de existencia, Panamá empezó perdiendo hasta el modo de caminar, como ya hemos escrito, porque la compañía reclamó un traslape que se había cometido en Colón con los terrenos de los puertos de Cristóbal y Coco Solo, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de esa época, además de un crédito de cuarenta millones de balboas que conforme el contrato se le otorgó a la empresa para que con nuestro dinero hiciera una serie de rellenos e inversiones.

En ese entonces la carga por contenedores que se manejaba en los puertos panameños era de solo 800 mil contenedores al año. Hoy se manejan más de 10 millones de contenedores anuales.

El negocio multimillonario para la compañía ha sido de maravilla, sin embargo, para Panamá no ha sido similar historia.

Lo que era un recurso que el Estado deliberadamente nunca quiso potenciar, ahora significó altas utilidades a la empresa, pero los que vivimos dentro del área revertida, perdimos el derecho de uso de la Avenida Gaillard, Diablo Road, que comunicaba Balboa con Alto de Jesús o Diablo Heights y Cárdenas. El Estado tuvo que construir a su costo, la carretera alterna que va contigua al aeropuerto de Albrook y la rotonda, y Los Ríos. Se perdieron los 11 campos de juego de Balboa, solo para mencionar algunos casos insólitos de la concesión en los que el Estado entregó a la empresa sin recibir beneficio alguno.

En ese contrato, el Estado se amputa la posibilidad de construir otra línea férrea por la duración del contrato que debió terminar en febrero del 2023, pero todo se maneja con opacidad y hasta oscuridad absoluta. En la actualidad la república de Costa Rica y México tienen en servicio o desarrollan un Canal seco constitutivo de un viaducto y líneas de tren que pretende competir con Panamá, y como el contrato nos limita como Estado, no podemos hacerle frente a este desafío, siendo que deberíamos desarrollar otra línea férrea por el lado oeste del Canal que comunique a la Zona Panamá Pacífico con Zona Libre y los puertos de Colón y entonces tendría sentido construir un puerto en el área de Farfán y Palo Seco tal como recomendaron los expertos originalmente y no como caprichosamente algunos avivatos quisieron imponernos el puerto de Corozal. El proyecto tico costaría arriba de cinco mil millones de balboas para un recorrido de cerca de trescientos kilómetros, mientras que en Panamá solo se trata de menos de 80 kilómetros y el de México más caro y ya lo tienen listo.

Panamá tiene el deber de estar a la altura de su responsabilidad histórica y utilizar todo el potencial de servicios que tenemos y poner esos recursos a disposición de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño, quien es el dueño de esos bienes.

Esa concesión leonina cesó por muerte natural, pero no hay nada que podamos hacer para que la sociedad panameña reciba en justicia lo que le corresponde por lo que, ya es hora de que empecemos a prepararnos para recuperar dinámicamente al ferrocarril y los puertos y ponerlos al servicio de los panameños con alta eficiencia, así como lo hace el Estado de Singapur o lo hace China y otros.

Ese leonino contrato no tiene ninguna cláusula que le dé sustento alguno a su prolongación automática, sin embargo, en una desidia y negligencia mayúscula, El estado por medio de la  Autoridad Marítima de Panamá (AMP), otorgó hace más de dos años la continuidad automática y con los mismos términos limitantes y altamente onerosos para el país, que obligan a establecer una comisión especial de investigación, porque nadie puede actuar contra la sociedad y el estado y no asumir las debidas responsabilidades.

Hasta ahora el ferrocarril, han estado exonerados de impuestos, y no aportan al desarrollo del país, sino que, en esa relación insustentable, el país pierde cada día y los beneficios solo caminan por una sola dirección que no es precisamente, el pueblo panameño.

Recientemente, la empresa Kansas City Southern Railway y Panamá Holdings, LLC., una vez renovada de manera oscura la concesión, sabiendo ,uy bien su origen, procedió a venderla, en una suma multimillonaria, es decir, haciendo un gran negocio con los bienes patrimoniales del Estado panameño y sin que el país pueda aprovechar para su beneficio lo que le pertenece. Este tema los profundizaremos en un próximo artículo en donde despejaremos las interioridades de este nuevo atraco y estafa al pueblo panameño, el que se está consumando con la aquiescencia de las autoridades que, están para todo, menos para resguardar y proteger nuestro patrimonio nacional.

La concesión, dada su ausencia de legalidad y siendo contraria al interés nacional, no solo tiene que revisarse, sino que el estado está obligado a reposeerla y desarrollar el negocio, además que debe ser declarado la ilegalidad de cualquier transacción que se haya realizado en detrimento del interés de todos los panameños que tenemos derecho a que los bienes patrimoniales de todos reviertan en beneficios y no pérdidas a todos los panameños.

Ya para concluir, la Contraloría General debe cumplir su función constitucional y legal, culminar las respectivas auditorías que sirvan como evidencia de los delitos realizados por altos funcionarios del gobierno anterior y por supuesto también los directores o representantes del ferrocarril y que les caiga todo el peso de la Ley, porque no puede quedar impune el daño que se le ha inferido a la república y al patrimonio de todos.

¡Así de sencilla es la cosa!

Victoriano Rodríguez Santos 

Elí Felipe Cabezas, Sub contralor General de la República, renunció esta semana que acaba de pasar y parece ser que dicha renuncia lleva una carga importante de hechos oscuros que saldrán próximamente a la Luz y que implicarían directamente al Jefe de la cartera.

Medios informativos indican que el Sub Contralor General de la República renuncia a su cargo. No pareciera ser sorpresa para nadie, al parecer demoró mucho tiempo, salvo que fuera por enfermedad terminal y urgente tratamiento.

Cualquier persona a la que pudieran no asignarle funciones de responsabilidad de acuerdo al cargo, se las quiten o no le permitan actuar ni justificar su salario cual corresponde, pues por honestidad, decencia y orgullo debe presentar su renuncia irrevocable, pero en rueda de prensa; a luz pública explicando, las razones reales, que lo llevaron a tal determinación y no excusas mediatizadas.

Esta dimisión, esperamos no sea como la realizada en otra institución, en el gobierno pasado, que después de renunciar al alto cargo, se convirtió en el más crítico y erudito en la materia de aquella institución.

Es lastimoso que la Contraloría General haya estado decayendo lustro tras lustro, desde 1994 hacia acá. Cuando culminó el periodo 1990/1994 con José Chen Barría, luego de la renuncia de Chinchorro (Rubén Darío Charles quien declinó, para candidatizarse a la presidencia a la Presidencia de la República).

Al parecer otros altos funcionarios se sumarán a las renuncias. Se escucha que también declinó la directora de Recursos Humanos y otros tres funcionarios. Las renuncias deben ser irrevocables e inmediatas. Ello demostrará fortaleza, verticalidad y seguridad en su proceder.

Quinquenio tras quinquenio vienen aproximando más esa Institución a la bahía, mientras la marea sigue subiendo. Imposible se disminuya la capacidad de acción e investigación para pasar desapercibido los altos niveles de corrupción de muchos políticos, así como algunos miembros del Ejecutivo, legislativo y mientras sigue la fiesta la población sin respuesta.

Tampoco se escucha de investigaciones a jerarcas de gobiernos pasados, los cuales han dejado mucha tela que cortar y dudas sobre el actuar, así como gastos realizados o despilfarrados. Incluyendo la propia institución fiscalizadora. La población no acepta más excusas, exige justicia.

Interesante conocer, tener y analizar las auditorías de las partidas discrecionales de los presidentes (incluso del actual), las circuitales de ex diputados, las paralelas de diputados y representantes, paro también de los actuares alcaldes, ministros y de otras entidades o instituciones.

Obviamente que no son todos, ni todos han sido corruptos, pero hay mucha tela que cortar en esta de-sastrería o embarrado en la salsa putrefacta. Ahora: ¿quién apuesta a que el actual Contralor pondrá el dedo sobre la llaga de la corrupción?

Por las corrientes de vientos de la bahía, difícil que la cometa haga buenos vuelos, sin zarandearse para acomodarse a la brisa que sopla.

Con gusto hubiera presentado mi currículo, pero para Contralor General, bajo el concepto y lineamientos que aprendí con Chinchorro Charles y José Chen Barría, los cuales desarrollé y mejoré con el tiempo, más no llama nuestra atención el ser Sub Contralor, mucho menos en esta administración.

Espero que nadie que se perciba de ser 100% honesto, inteligente y con sapiencia, lleve documentos a la Asamblea, para postularse. Finalmente, el dedo ya pudiera estar señalando el ungido del indicado camino. Soy, el Hijo de Juana. Dios te salve, Panamá.

Economista, educador y máster en Recursos Humanos

Droga encontrada en el Barco Cool Carrier, propiedad de Cool Emerald, procedente de Ecuador, camuflada dentro de las cajas de Banano, y descubierta por los organismos de seguridad de Rusia.

Un Barco de la empresa Cool Carrier, abanderado en Panamá, subsidiaria de la empresa Cool Emerald, que transportaba banano desde Ecuador, de fincas aparentemente vinculadas al presidente de ese país, y que pasó por el Canal de Panamá hace dos semanas, arribó al puerto ruso de San Petersburgo en el cual se descubrió un alijo de cocaína embalada dentro de las cajas de banano, y que representa el mayor cargamento jamás encontrado en Rusia.

El comunicado, emitido por los organismos de Seguridad de Rusia, hoy 19 de septiembre, precisa que el alijo, cuyo valor aproximado en el mercado superaría los 20.000 millones de rublos (unos USD 250 millones), pudo ser confiscado gracias a las informaciones recibidas de entidades oficiales de otros países a finales de agosto pasado, sin precisar qué países colaboraron.

Los servicios de aduanas comenzaron un caso penal por contrabando de sustancias psicotrópicas en gran cuantía que, en Rusia, se castiga hasta con cadena perpetua.

Hasta ahora el mayor alijo de droga latinoamericana requisada en Rusia este año habían sido los 820 kilos de cocaína detectados en buques frigoríficos ecuatorianos en julio pasado.

Parece que, Ecuador se ha convertido en el sitio ideal utilizado por el narcotráfico para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa, sin embargo, EE.UU. ha establecido una presencia militar inusitada en el Mar Caribe, aduciendo que el narcotráfico utiliza a Venezuela como el principal y tiene en desarrollo una agresión a Venezuela cuando la realidad del narcotráfico está diciendo otra cosa con hechos como éste, lo cual indica que el propósito de USA es otro y tiene que ver con el cambio de régimen político de Venezuela a la Fuerza para apropiarse de los importantes recursos minerales y petróleos venezolanos.

La fiscal General de USA, Pamela Bondi,  en desarrollo de la narrativa norteamericana arriba señalada, en una maniobra conjuntamente con el FBI y la DEA, instrumentos operativos de la política norteamericana duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones, en un acto más de agresión a un pueblo soberano como Venezuela, método que anteriormente fue utilizado en Panamá a finales de la década del 80, antes de la invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989.

El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha comprometido seriamente su supuesta lucha contra las drogas, porque la utiliza con fines de dominación geopolítica y no precisamente como un medio para exterminar esa plaga que diezma a nuestras juventudes del mundo entero.

Por su parte, el pueblo y el gobierno venezolanos, desarrollan en estos momentos ejercicios y acciones de entrenamiento defensivas de la soberanía y preservación de la seguridad e integridad nacional.

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Hace 52 años, el Gobierno de Richard Nixon aprobó la creación de la Drug Enforcement Agency, (DEA) por sus siglas en inglés.

Corría de forma dramática la guerra de Vietnam y el Ejército norteamericano, indujo, aupó y toleró el uso de drogas por parte de los soldados que enfrentaban combates en ese país del sudeste asiático. Era la manera de poder estimular a los soldados a ver morir a mucha gente, incluyendo a miles de sus propios compañeros y ver a tanta gente desmembrada, sin que se les bajara la moral y desertaran, al observar tanta brutalidad para lo cual, la mente humana, tiene sólo un nivel de resistencia antes de quebrarse.

Tras la aparatosa derrota del ejército de USA, y regresando los soldados a sus casa, la mayoría trajo consigo el síndrome de la guerra, en la cual no podía dormir, y muchos tuvieron que ser hospitalizados, para tratarlos, desintoxicarlos y otros muchos, adictos ya, demandaban dosis cada vez mas altas de drogas y en ese tiempo se inicia la exportación de marihuana y cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia para los centros poblados más importantes en Estados Unidos, utilizando a Miami como el lugar de base de ese negocio incipiente.

A finales de los setenta y toda la década del 80, el negocio creció y el producto de ese negocio, es decir, el lavado de millones de dólares se inició en Miami, Nueva York, Chicago y Los Ángeles y los Bancos de gran renombre participaban en estas actividades de Blanqueo de capitales y Panamá siendo un Centro Financiero también se dio esa actividad, sin embargo la actividad de la seguridad de Panamá fue felicitada en varias ocasiones por la DEA por la eficiente lucha contra el narcotráfico.

Cuando el Almirante John Poindexter trató de imponer la tarea a la Fuerzas de Defensa de Panamá de encabezar la invasión militar a Nicaragua, al negarse Manuel Antonio Noriega Moreno, la frase de Poindexter Secretario de Seguridad Nacional, asistido por el Coronel Oliver North, fue: “Aténgase a las consecuencias”.

No pasaron ni quince días, cuando empezó la campaña por parte del Gobierno Norteamericano declarando que Noriega era el narcotraficante más grande la historia, y solo meses antes era reiteradamente felicitado por la DEA por su colaboración eficaz en la lucha contra las drogas.

Ya en marzo de 1987, cuando se da el golpe de Macías, la Unidad 470 de inteligencia militar de USA acantonada en Clayton, estaba al frente de la organización de dicho movimiento. Se dieron otros intentos en la misma dirección con diferentes personajes y no es hasta el día 3 de octubre de 1989, cuando logran consolidar una intentona más peligrosa, incluso llegaron a tener a Noriega retenido y se tenía ya organizado un nuevo gobierno del que participaban algunas figuras de oposición.

En toda esta guerra de baja intensidad en que USA había bloqueado a Panamá, con el ánimo de causar una grave angustia nacional, mientras unían desde Washington a la oposición de aquel entonces, se desarrolló en todos los medios del mundo entero, la narrativa de la DEA que “Noriega era parte de la estructura de Pablo Escobar Gaviria”.  Es decir, la DEA se convirtió allí, lejos de una agencia profesional para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, en una agencia política al servicio de los intereses más oscuros de Washington.

Cuando El Ejercito de USA detuvo a Noriega y lo trasladó para Miami, no tenía las pruebas que dijo tener.  Así es que el Fiscal General de USA, Dick Thornburgh, tuvo que negociar con el narcotraficante confeso y condenado a cadena perpetua Carlos Enrique Lehder Rivas, quien confesó como testigo contra Noriega y nunca lo había conocido ni tratado pero los norteamericanos requerían un elemento creíble para imputarlo, pero a cambio de ese “trabajito” de Lehder, él pidió suspensión y absolución de la condena, una nueva identidad y poder salir a Alemania, ahora está en Colombia.

El asunto es que, después de cumplida la condición de su acusación a Noriega acordada como parte del pacto con el Fiscal General, Lehder reclamó el cumplimiento del acuerdo y tuvo que escribir al fiscal de entonces y al presidente y amenazó que iba a confesar los detalles de este acuerdo y entonces el gobierno lo sacó de prisión, le abrió identidad nueva y le permitió viajar a Alemania, tierra de sus ancestros. El acuerdo tuvo a un tris de ser revelado y las truculencias conque se maneja la DEA y la justicia el USA.

Desde su creación, la DEA, hace 52 años, los consumidores en USA se ha elevado a la enésima potencia, el narcotráfico se ha multiplicado como nunca antes visto, y los volúmenes del lavado del dinero proveniente de esa tragedia ascienden a casi un billón de dólares al año, que se lavan en los grandes centros financieros especialmente de Europa y USA.

La síntesis del resultado de la DEA es un estruendoso fracaso, especialmente por haberse convertido en un instrumento político al servicio d ellos intereses geopolíticos de los sectores más poderosos de Washington.

El narcotráfico es una desgracia, pero qué hace el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la causa y razón por la que se oferta desde distintas partes del mundo los narcóticos que demanda una sociedad sumergida en una profunda crisis existencial como la norteamericana y la europea.

Venezuela el nuevo objetivo

Ahora sale el gobierno norteamericano con todas sus agencias y encabezados por el secretario de Estado que Venezuela es el responsable de su situación y anuncian que, el presidente de ese país; es el responsable de todo y el narcotraficante más grande de la historia, es decir, la misma narrativa, solo con cambio de nombre y de país y ahora con la fecha de hoy.

Han puesto precio a la cabeza de un presidente de otro país con extraordinaria ligereza, mueven parte de su fuerza naval hacia las proximidades del mar territorial venezolano, pero además en Panamá, bajo la cobertura del memorándum firmado por Frank Abrego y Pete Hegseth con el patrocinio de  José Raúl Mulino que lidera un gobierno entreguista, con el pretexto de seguridad para el Canal de Panamá, han estado moviendo equipo militar, aviones de combate F-16, avión AWACS, de transporte de tropas, helicópteros de transporte y de combate entre ellos, apaches en distintas bases panameñas con preferencia en la antigua base de Howard, la pista más grande en Centroamérica con capacidad para resistir aviones grandes y pesados del ejército de USA. Que, ha sido el centro de coordinación de ejercicios militares que apuntan al parecer al objetivo de invadir a Venezuela.

Preparan invasión a Venezuela?

Varios lideres del continente se han pronunciado con respeto a estos peligrosos movimientos del ejército y el gobierno de USA. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien esta jornada condenó ese tipo de acciones: «No al intervencionismo, eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución», expresó.

Del mismo modo, su par venezolano, Nicolás Maduro, manifestó el pasado lunes que: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica».

«Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos, y las patrullamos nosotros», añadió.

La tensión está alta, pero en el caso venezolano el pueblo está organizado por si a algún loco se le ocurre prender las praderas latinoamericanas.

Esta situación no es nueva, desde el 2024 se ha estado registrando y deja claro que se está frente a redes de crimen organizado dedicadas a explotación infantil de toda índole, desde tráfico de órganos hasta explotación sexual, todo con el apoyo de autoridades corruptas involucradas en este crimen

Por: Enrique Avilés

Mientras la mediática ejecutiva, parlamentaria y televisiva en Panamá gira en hacer, en los últimos ocho meses, que el antiguo proyecto de saqueo al seguro se convierta en ley para burlonamente sostenerlo, como tal cual lo estamos viendo, se evidencia que el único tema preocupación del Estado es ese, aunque parece que para el sr. Mulino, lo fue desde que tomó el cargo, pues no habla de otra problemática, como la de la notoria y aterradora escalada de desapariciones de infantes y adolescentes que viene azotando sin respuesta a nuestro país.

Es imposible no notar que el ministerio de seguridad, la policía nacional y los medios de comunicación, particularmente los televisivos pasen por alto dicho tema sin preocuparse casi por completo del mismo, como si las vidas de los inocentes involucrados no tuviera valor alguno: será porque estas desapariciones son de niños pobres con padres que no tienen ni poder económico ni cuantía de valor político? ¿Será que hay dos tipos de niñez, una ligada a partidocracia y otra al sector económicamente dominante, por las que hay que responder y por el resto olvidarse del tema? O será que hay corrupción que, yendo más allá de los vulgares intereses económicos, pudre la moral de instituciones que deben velar por los niños panameños independientemente de su origen social?  Solo en el mes de marzo se registraron 23 desapariciones de NNA ( niños, niñas y adolescentes) y para abril solo en un día se registraron 6 desapariciones, incluyendo una niña de 3 meses de vida. Esta situación no es nueva, desde el 2024 se ha estado registrando y deja claro que se está frente a redes de crimen organizado dedicadas a explotación infantil de toda índole, desde tráfico de órganos hasta explotación sexual, todo con el apoyo de autoridades corruptas involucradas en este crimen, tal cual como lo menciona la activista de derechos de la niñez Lucy Córdoba, hace unas horas en las redes sociales. No es posible que la secretaría de la niñez no pueda dar respuesta por niñas que bajo su protección terminan desaparecidas, bajo la excusa simplista de que se fugaron de los albergues, y aparecen en otros países raptadas y probablemente siendo explotadas sexualmente, no es posible que dicha secretaría no tenga la entereza de dar respuesta de lo ocurrido con éstas niñas y tomar cartas legales en tal exabrupto, no hacerlo hace suponer, como lo dice la activista, que la institución tiene manzanas podridas que proteger. Al parecer la historia de los albergues qué años atrás estremeció a la sociedad, pero que quedó en casi total impunidad, está más viva que nunca y ha escalado a un punto insostenible.

Anoche se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que no hay forma más diabólica de dañar una vida que abusando física y sexualmente de ella en la etapa de la niñez, son almas que quedan fracturadas y rotas para el resto de su existencia. Por otra parte, igual reflexionaba que el incremento del crimen en el país está a velocidades nunca antes vistas, lo que sucede irremediablemente por dos motivos: por incapacidad o por complicidad. Nuestro estamento de seguridad ha demostrado que es capaz de escalar sus acciones ante las protestas sociales de los últimos meses, pero no de combatir la corrupción, el crimen y otros terrores qué azotan nuestro país. Como bien reza el dicho el crimen crece donde el corrupto siembra. Ya saldrá este jueves el mismo de siempre a decir lo mismo de siempre, que el en persona se hará cargo de eso, mientras en promedio cada 31 horas se pierde un niño para ser abusado por redes criminales, bajo la vista de autoridades que no de gratis se hacen sufren de ceguera.

Es triste finalizar diciendo que estamos ante gestiones que no solo son eficientemente corruptas en lo económico, sino que son perversas a la hora de combatir las violaciones de los niños, las niñas y los adolescentes. Como dice mi amigo John Jairo Córdoba, Dios desciende en forma de fuego y los consuma a todos.

El autor es docente universitario.

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

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Este periódico nació el 9 de enero de 1990, hace treinta y cinco años atrás como respuesta política a la barbarie de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989 y hoy, siendo el periódico de los patriotas panameños, nos volvemos a enfrentar a los que nos amenazan con otra criminal invasión y al régimen interno entreguista, genuflexo que ha sumido en la indignidad al pueblo panameño.

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